Un grupo de ex ferrocarrileros, se manifestaron al exterior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir que se de cumplimiento al pago de su pensión que quedó pendiente desde la llegada de empresas privadas a la operación de este medio de transporte.
Los afectados acusan la colusión entre la empresa, el sindicato y algunos abogados que han afectado los intereses de alrededor de 700 familias chihuahuenses que no han recibido la pensión y señalan a la licenciada Armida Molina de ser la responsable de omitir los pagos.
Los afectados afirman que este problema tiene varios años y a pesar de las promesas que se han realizado, no se les ha pagado lo que les corresponde.
