Celebro la disposición del Gobierno y del Congreso del Estado para adoptar la iniciativa del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como estrategia para detonar el desarrollo regional. A través de una minuciosa calificación crediticia, Banobras otorgó a los municipios de todo el país, previa aprobación de los congresos locales, facilidades para acceder a líneas de crédito a corto plazo para la ejecución de obra pública productiva, con un plazo de pago de tres años, garantizadas con un porcentaje de las participaciones federales. Sabemos que Chihuahua enfrenta un rezago significativo en obra pública productiva, arrastrado desde la administración anterior; iniciar con estas tres obras de manera inmediata contribuye, aunque insuficientemente, a saldar una deuda con la ciudadanía, que en los últimos años ha visto afectado su patrimonio, la libre y segura movilidad en la ciudad o, lamentablemente, ha sido parte de la estadística de pérdida de vida debido a una planeación deficiente y la falta de infraestructura urbana que promueva una movilidad efectiva y ágil.
Como fracción opositora en el Ayuntamiento, nos hemos comprometido a ser una oposición responsable. Hemos revisado el estatus de la deuda pública municipal, verificado que el crédito anterior con Banobras, de 318 millones de pesos, fue saldado en su totalidad el pasado 22 de julio, y revisado la calificación crediticia del municipio y su capacidad de pago.
En el contexto financiero, es importante precisar que más del 58% de los ingresos del municipio de Chihuahua provienen de la recaudación federal y de los excedentes presupuestarios. Sin embargo, la dependencia financiera del municipio de Chihuahua respecto a la Federación es considerable y nos exige, como representantes ciudadanos, estar atentos a la eficiencia en la recaudación municipal, al manejo honesto de los recursos y a prever el impacto de la política económica que adopte el país vecino con el arranque del nuevo gobierno. Asimismo, realizaremos acciones de vigilancia y fiscalización para asegurar que los valores reales de las obras coincidan con los montos presupuestados para su ejecución, evitando así el dispendio y el desvío de recursos hacia otros fines.